La Reforma que tenemos quizás no sea la Reforma que nos Merecemos.

Hace unos días el Presidente de la Nación, presentó su reforma al Poder Judicial Federal, esa situación no les quiero mentir, en su momento me generó una gran expectativa, pero me terminó creando más dudas que satisfacciones.

No puedo dejar de tener una mirada por demás positiva sobre el concepto de reformar un poder que, en algún punto es el que menos se ha adaptado a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI, pero si bien es un comienzo y hay alguna cosa que otra desarrollada que entusiasma, veo que, en vez de robustecer a la justicia como engranaje en un sistema de frenos y contrapesos, se ha multiplicado su estructura.

En esta ampliación de magistrados en el fuero penal federal, probablemente se busque licuar el poder de aquellos que han sabido surfear las coyunturas mejor que nadie y que siempre han sido muy cuestionados, pero tan bien muy recurridos por el poder de turno. Si observamos en profundidad no significa que al aumentar la cantidad de funcionarios no se repliquen los vicios de los ya existentes, en los nuevos veintitrés (23) juzgados. Queda la esperanza que estas nuevas incorporaciones nutran de mejores valores a los que de alguna manera son los “dueños de la casa”.

Desde mi humilde mirada, es necesario reformar la justicia federal porteña, es más creo que es algo que se ha tornado imprescindible viendo los últimos años como se ha manejado Comodoro Py, con relación a las garantías constitucionales y a la implementación de las leyes cuando están vinculadas a cuestiones políticas.

Alguna vez, tuve un profesor de Derecho Constitucional, en la Facultad, que solía decir; “cuando la política entra por la puerta de tribunales, la justicia sale por la ventana. No es una formulación muy científica, pero sólo basta analizar con detenimiento lo que fueron los últimos acontecimientos de los años pasados, donde el debate político se trataba solamente de acusaciones, de cuestiones que se reducían a la participación en hechos ilícitos de diferentes dirigentes y por lo general siempre los que terminaban investigados; y no de manera ingenua eran los opositores, ya sea en el gobierno anterior, como en el actual. Con esto no quiero decir que la justicia hostigue a personas inocentes que, porque pierden el poder político, hoy revisten la categoría de delincuente. Creo que es más grave que eso, está manera en la que la política ha preferido resolver las diferencias, pone en evidencia a una dirigencia política actual con la escasa capacidad de generar un diálogo democrático que nos saqué de la famosa y tan ineficiente “grieta”, que por un lado sirve para justificar el proceder de algún inútil y en otro caso para sostener a una cofradía de cabecillas deshonestos.

Insisto, creo casi más que nadie que es necesario reformar el Poder Judicial, pero no únicamente en una dimensión cuantitativa. Por ello, opino que la reforma presentada por el ejecutivo nacional tiene al menos dos puntos donde flaquea.

En primer lugar, el momento, no creo que con una situación de emergencia sanitaria y económica sea el contexto propicio. De hecho, nos encontramos en una situación extrema, en la que los poderes delegados al Presidente (y prorrogados inconstitucionalmente por él mismo -cfr. art.76 CN), facilita el gobierno a través de decretos de necesidad y urgencia. Por supuesto, no existe el escenario político para darle vida a una reforma, es más resulta simplemente incomprensible un momento peor que éste para dar a luz a una reforma de este tipo.

En segundo lugar, la modificación del Poder Judicial, requiere de una acuerdo democrático extraordinario, como decía Leandro Alem (sepan disculpar la fibra radical, pero resulta inevitable la doctrina de la UCR cuando pensamos en la República); “Son esas luchas, esas nobles rivalidades de los partidos, las que engendran las buenas instituciones, las depuran en la discusión, las mejoran con reformas saludables y las vigorizan con entusiasmos generosos que nacen al calor de las fuerzas viriles de un pueblo.” Quizás suene un poco anticuado la manera en la que nos está diciendo que, para tocar los nervios de la Constitución, para mejorar algo que necesita ser mejorado, no hay otro camino que un sistema democráticamente dialoguista entre los representantes que hemos elegido. El lenguaje del diálogo conlleva, ya de por sí, una connotación emotiva favorable, en la medida en que apela a una civilizada y respetuosa resolución de conflictos, en momentos marcados por los antagonismos políticos.

Para finalizar, estoy prácticamente convencido que se ha dejado de lado la forma como elemento constitutivo de una transformación, lo que le quita la categoría de reforma y le baja el precio, a un hecho que podría haber marcado el comienzo de una nueva etapa en la recuperación del país. El oficialismo no se abrió a la posibilidad de ganar información; a poder corregir errores a partir de las críticas que recibe; no se sintieron forzados a plantear sus posiciones en términos que sean entendibles y aceptables para los demás. Es necesario ponderar que cuando se toman decisiones de esta naturaleza, estamos obligados a pensar en los modos en que nuestras iniciativas impactan sobre los demás, y a considerar a los otros en nuestras propuestas; en el juego de la política, todos nos vemos constreñidos a confrontar con quienes piensan distinto y a argumentar con ellos, en lugar de simplemente descartar prejuiciada o dogmáticamente sus puntos de vista.

Por todo ello, me queda una gran duda al respecto, como les decía al comienzo. Seguramente, el movimiento político que nos gobierna es consciente de que los sistemas jurisdiccionales latinoamericanos son instituciones poco permeables, hubiera sido una buena oportunidad en un marco institucional para plantear esquemas deliberativos que promuevan nuevas prácticas judiciales. Varios tribunales en Colombia, la India, Sudáfrica, Canadá y otros países desarrollan procesos de activismo judicial dialógico y suscitan aportes relevantes.

También me queda la incertidumbre, con tantas referencias a la democratización del Poder Judicial; o a favorecer el acceso de la población vulnerable a los servicios de justicia, por qué no se tuvo presente que todos los países latinoamericanos que quisieron resolver el problema del acceso popular a los tribunales (Colombia y Costa Rica), lo hicieron con reformas sencillas y posibles, en materia de legitimidad o “standing”; instituciones tales como la tutela y la acción popular; o la regulación del litigio colectivo. Que tales reformas aparezcan completamente ausentes en el proyecto, da cuenta del elitismo de la propuesta, como bien señala Roberto Gargarella, y el modo en que ella se desentiende de las necesidades de los sectores populares.

Por lo tanto, sepan perdonar, no van a encontrar acá una respuesta clara, de por qué no confeccionaron una mejor reforma. Indudablemente estén los que tengan la seguridad de que esto se hizo con el único interés de garantizar impunidad, otros tengan el convencimiento que se está haciendo una transformación a favor del bien común. Yo por mi parte, creo que era necesarios más juzgados y todas esas fiscalías que se van a crear en el interior del país serán bienvenidas, pero concluyo con una sola certeza, otra vez se perdió la oportunidad de forjar la justicia que nos merecemos.

Por Fermin Random Salgado

Abogado y escribano (Universidad Católica de Córdoba). Especialista en Gestión y Control de Políticas Publicas (FLACSO). Diplomado en Derecho Procesal Civil (Universidad Blas Pascal). Profesor titular de Análisis Económico del Derecho (UCES)

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