Alberto Fernández calificó de “estrago jurídico” el fallo que habilita las clases presenciales en la Ciudad.

El Presidente rechazó el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que dio lugar a un amparo para que haya clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Dos gremios docentes adelantaron que harán paro.

El presidente Alberto Fernández consideró “un estrago jurídico” que una Cámara de Apelaciones porteña falle sobre una situación correspondiente al ámbito federal, en referencia al amparo para que sigan las clases presenciales a partir del lunes, desconociendo un decreto de necesidad y urgencia. “Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal”, dijo el presidente Alberto Fernández apenas enterado de la resolución. “Una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política”, lo acompañó el ministro de Justicia, Martín Soria. Los gremios docentes UTE-Ctera y Ademys adelantaron que harán paro y no se presentarán en las aulas.

El amparo fue presentado por un grupo de padres, patrocinados por la defensora oficial de la Ciudad, que buscaban forzar la continuidad de las clases presenciales en los colegios porteños. El sábado, la jueza en lo contencioso administrativo porteña Romina Tesone lo rechazó in limine al declararse incompetente, dado que la posible inconstitucionalidad de un DNU es un tema federal y el propio gobierno porteño anunció el viernes a la mañana que había presentado un recurso ante la Corte Suprema. No obstante, los padres apelaron y el recurso recaló en la sala IV de la Cámara de Apelaciones compuesta por los camaristas Marcelo López Alfonsín, Laura Prugini y Nieves Macchiavelli. Esta última camarista es ex funcionaria porteña y hermana de Eduardo Macchiavelli, actual secretario de Ambiente y uno de los principales armadores políticos de Rodríguez Larreta. Los camaristas le pidieron opinión al procurador porteño Juan Mahiques, uno de los principales operadores judiciales del macrismo. Una de las fiscales que dependen de él evaluó que el recurso era válido y que había razones para aprobarlo.

Luego de este dictamen de la fiscal Karina Cicero, la sala de la Cámara de Apelaciones consideró que en virtud de la autonomía de la Ciudad contaba con competencia para actuar en el caso, dado que se trataba de un asunto que afectaba la educación en su jurisdicción. En la parte resolutiva, el Tribunal anunció “hacer lugar a la cautelar solicitada”, disponiendo la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2 del DNU presidencial y ordenó al gobierno porteño “en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”.

Desde el Presidente para abajo, el Gobierno consideró el fallo una insensatez. “No tienen competencia respecto de un conflicto entre ciudad de Nación, y menos pueden alzarse contra un instrumento jurídico que tiene fuerza de ley según la Constitución Nacional”, evaluaba un funcionario del área jurídica de la Casa Rosada. Explicaba que era una medida que se había adoptado con el objetivo de preservar la salud pública, no era una medida de política educativa. Que esta situación sanitaria de emergencia se había adoptado el año pasado mediante un DNU que fue aprobado en el Congreso y nunca fue impugnado por la ciudad de Buenos Aires. “Lo cual significa consentir la validez de las decisiones para ese ámbito por parte del Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia”, completaba.

Pero eran argumentos jurídicos para una situación que claramente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió llevar al terreno político y convertirlo en tema de la campaña electoral. Dado que seguramente la Corte Suprema se tomará algunos días antes de resolver sobre la cuestión, fue la justicia capitalina, de estrechos vínculos con el macrismo, quien apuró una resolución que para el Gobierno es claramente ilegal. “El presidente Alberto Fernández tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”, escribió en Twitter el ministro Soria. Y advirtió que “la fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”.

Fuente El Destape

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Accepto Leer mas