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El Gobierno sigue sin tener un diagnóstico claro sobre los motivos que dispararon el alza de los precios.

Se mezclan argumentos ortodoxos, como la necesidad de controlar la emisión, junto a fuertes críticas a empresarios por “especuladores”. El acuerdo con el FMI sólo estipuló parámetros, pero sin establecer metas de desaceleración de precios

NACIONALES 22 de marzo de 2022 Karukinka Noticias Karukinka Noticias
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Aunque las medidas anunciadas por Alberto Fernández para la “guerra” contra la inflación decepcionaron, en su discurso hubo un contenido inédito: reconoció que la pelea contra la emisión monetaria es relevante para combatir la suba de precios. Lo hizo aún sabiendo que es algo que el kirchnerismo siempre puso en duda pese a las claras evidencias (teóricas y prácticas) que apuntan en esa dirección.

Esta afirmación del Presidente no llegó a tener el impacto esperado, aunque esto puede ocurrir por varios motivos. El primero es que lo afirma alguien muy debilitado dentro de la coalición de Gobierno, sobre todo tras la decisión de La Cámpora de votar en contra del acuerdo con el FMI en el Congreso. Incluso Cristina Kirchner, que ejerce el liderazgo del Frente de Todos, decidió retirarse del Senado al momento de la votación.

La debilidad política no es la única razón. Además, casi nadie cree a esta altura que se cumplirá con el compromiso de reducción de emisión del 3,7% del PBI el año pasado a 1% este año. Los cambios en el contexto internacional a causa de la guerra serán la excusa perfecta para justificar el incumplimiento. Economistas como Diego Giacomini y Gabriel Rubinstein estimaron en las últimas jornadas que la emisión terminará siendo el doble de la estimación oficial.

La descripción de la inflación como un fenómeno “multicausal”, algo en lo también incurrió el propio FMI, se justifican otros enfoques que se alejan totalmente de la “ortodoxia”.

Las reuniones que mantuvo ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con representantes de alimenticias y supermercadistas son un ejemplo de esta mirada. Allí se advirtió por aumentos de precios “injustificados”, hubo un pedido para dar marcha atrás con los aumentos para volver a la situación del 8 de marzo pasado y también advertencias por la posible aplicación de la ley de Abastecimiento.

El acuerdo con el FMI estipula que no habrá congelamiento de precios, pero el Gobierno insiste con elaborar listados de productos con un compromiso de las empresas de no aumentar por un tiempo determinado. Se trata, sin embargo, de fórmulas que ya demostraron su rotundo fracaso. Hace años que se intentan y sin embargo la inflación no para de aumentar.

La necesidad de luchar contra los “especuladores” o los que buscan “sacar ventaja” convive casi en un pie de igualdad con el argumento que vincula de manera casi línea a la emisión con la inflación.

La guerra incorporó una nueva justificación la inflación, aunque el impacto recién se sentirá en el índice de marzo. Por eso, la urgencia del Gobierno por conseguir algún tipo de marcha atrás en los incrementos y así suavizar el dato de este mes, que de no producirse un milagro estará cómodamente arriba del 5%. Eso sí, en vez de bajar impuestos como han decidido muchos países, en particular en alimentos, el Gobierno optó por aumentarlos. Así se aumentaron dos puntos porcentuales para las exportaciones de los derivados de soja, con la justificación de subsidiar el valor de la harina.

Alberto Fernández también habló del esfuerzo por aumentar las reservas, lo que –según explicó- ayudaría a disminuir las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial. Pero aún con una cotización que se movió lo mínimo indispensable el año pasado, la inflación superó el 50%. Lo que no dijo el Presidente es que la brecha cambiaria pasa a ser un dato clave para entender el comportamiento de los precios. El año pasado, por ejemplo, resultó mucho más gravitante la brecha superior al 100% que la suba del dólar oficial inferior al 25%, a un ritmo que durante casi todo el año apenas fue de 1% por mes.

El FMI tampoco estipula que la baja de la inflación es prioritaria, pero en la carta de entendimiento no figura como una meta a cumplir, sino que establece “parámetros” que van del 38% al 48%. Si no se cumpliera con los mismos, no se cae el acuerdo ni hay castigo alguno para la Argentina. Todo indica que al menos en forma implícita se aceptará un nivel mucho mayor este año, de vuelta apelando a la excusa de la invasión de Rusia a Ucrania. El impacto sobre los precios de los alimentos y de la energía no está incorporado en el acuerdo.

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