--- canonical_url: "https://karukinka.com.ar/contenido/12813/quince-anos-despues-la-llama-del-gaucho-rivero-nos-vuelve-a-encender" title: "Quince años después, la llama del Gaucho Rivero nos vuelve a encender." article_type: "Article" description: "Una mirada fueguina sobre soberanía, recursos y poder en el Atlántico Sur. Por la Lic. Natalia Paz, referente de “La Gaucho Rivero TDF”" main_image: "https://karukinka.com.ar/download/multimedia.normal.99ce1c301763ad35.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-26T16:02:00-03:00" date_modified: "2026-08-26T16:11:14-03:00" author_name: "Karukinka Noticias" author_url: "https://karukinka.com.ar/usuario/2/karukinka-noticias" category_name: "OPINION" category_url: "https://karukinka.com.ar/categoria/9/opinion" --- # Quince años después, la llama del Gaucho Rivero nos vuelve a encender. ![Portal](/download/multimedia.normal.b2e1d618e0646f97.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Antonio Rivero, entrerriano de nacimiento, llegó a las Islas Malvinas para trabajar como peón rural en los establecimientos de Luis Vernet. Allí formó parte de una comunidad argentina que habitaba, trabajaba y celebraba las fechas patrias en aquel territorio austral. Luego del ataque estadounidense de 1831 y de la usurpación británica del 3 de enero de 1833, el comandante José María Pinedo, superado por la fuerza militar invasora, debió retirarse. Rivero, sin embargo, permaneció en las Islas. El 26 de agosto de 1833, acompañado por otros gauchos y trabajadores indígenas, encabezó un levantamiento contra la ocupación. Bajaron la bandera británica y volvieron a levantar la celeste y blanca sobre suelo malvinero. Resistieron durante meses, hasta ser capturados y trasladados a bordo del HMS *Beagle*, comandado por Robert FitzRoy. Rivero regresó tiempo después al Río de la Plata. La tradición histórica sostiene que murió el 20 de noviembre de 1845, combatiendo en la Vuelta de Obligado, en defensa del río Paraná y de la soberanía nacional. Su nombre permanece como símbolo de resistencia frente al colonialismo y como testimonio de una verdad que atraviesa nuestra historia ¡Gloria y honor al Gaucho Rivero! Malvinas es parte de nuestra provincia, de nuestra geografía y una porción de nuestro territorio permanece ocupada por una potencia extranjera desde 1833 y esa ocupación llega al 25% de nuestro territorio. Por eso, en Tierra del Fuego AIAS, cada decisión sobre puertos, hidrocarburos, industria, tierras, pesca, recursos naturales, conectividad marítima o infraestructura estratégica tiene una dimensión que excede lo económico. El 25 de agosto se cumplieron quince años de la sanción de la Ley Provincial 852, la Ley Gaucho Rivero. Para quienes vivimos en Tierra del Fuego el 25 y el 26 de agosto nos llevan a hacernos la misma pregunta ¿cuánto control real tenemos sobre nuestro territorio, nuestros recursos y las decisiones que condicionan nuestro futuro? Esa pregunta volvió a aparecer con el VS PROMISE, un petrolero registrado en la Isla de Man, dependencia de la Corona británica, que operó en la zona de Río Cullen, amarró en el Puerto de Ushuaia y regresó luego hacia la terminal petrolera del norte de la Isla Grande. Pero si la discusión queda reducida a un barco o a quién firmó una autorización, nos perdemos lo más importante. TIERRA DEL FUEGO NO PUEDE SER UNA VARIABLE DE AJUSTE GEOPOLÍTICA La geopolítica puede explicarse de manera sencilla. Somos sensibles cuando una decisión tomada afuera puede afectar nuestro empleo, nuestra producción o nuestra logística. Somos vulnerables cuando, además, tenemos pocas alternativas para reemplazar esa dependencia. Y cuanto menos alternativas tenemos, menos capacidad tenemos para decidir. Ahí aparece el poder blando. Una potencia no necesita imponer siempre sus intereses mediante la fuerza militar. También puede proyectar poder a través de empresas, capitales, contratos, seguros, tecnología, logística, mercados, diplomacia y reglas internacionales. Esto no significa que cada empresa o cada buque responda a una orden directa de Londres, sino comprender que el poder mundial funciona mediante redes económicas capaces de condicionar especialmente a los países periféricos. Pero en Malvinas ese poder blando convive con el poder duro. Las islas se encuentran fuertemente militarizadas y en Monte Agradable opera una base de las Fuerzas Armadas británicas con capacidades aéreas, navales y terrestres. Por eso, lo que ocurre alrededor de Malvinas no puede analizarse como una sucesión aislada de operaciones comerciales ya que sucede dentro de un territorio argentino ocupado, militarizado y convertido en plataforma británica de proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida. ### Desde esa mirada creemos que debe leerse hoy la Causa Malvinas. El fueguino siempre tuvo un sentido de pertenencia, de amor y de identidad muy grande respecto a Malvinas, pero aprehendido desde la nostalgia. Allá por el 2011 (muchos de nosotros) éramos estudiantes universitarios. Fue entonces cuando Juan Antonio “Toni” López llegó a Río Grande con una denuncia que nos obligó a mirar Malvinas desde otro lugar. Toni había navegado dos veces hasta las Islas y llevaba años recorriendo los puertos patagónicos. Su planteo era concreto y la Argentina no podía reclamar soberanía mientras desde su propio territorio se brindaba apoyo logístico a actividades vinculadas con la explotación de recursos bajo control británico. Quienes vivimos aquel momento recordamos a Toni llegando al Centro de Estudiantes para contarnos que desde Río Grande se estaba prestando apoyo mediante helicópteros a operaciones petroleras vinculadas con la Cuenca Malvinas. La contradicción era todavía más fuerte porque se utilizaban instalaciones asociadas a la Base Aeronaval de Río Grande, un lugar inseparable de la historia de 1982. La denuncia llegó a la Justicia Federal. Veteranos, estudiantes, trabajadores y vecinos se movilizaron. El Centro de Estudiantes acompañó el reclamo y el 1 de julio de 2011 el Concejo Deliberante de Río Grande aprobó por unanimidad la Declaración 02/2011. Menos de dos meses después, el 25 de agosto, la Legislatura provincial sancionó por unanimidad la Ley 852. Aquella patriada transformó una vulnerabilidad en una herramienta política. La Ley Gaucho Rivero prohibió, en determinadas condiciones, la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones de logística de buques británicos o de conveniencia vinculados con la exploración y explotación de recursos naturales en la Cuenca de las Islas Malvinas. Con los años, esa ley también terminó dando nombre a nuestra agrupación. No por nostalgia, sino porque sintetiza el amor y la convicción por la Causa. En 2012 el Gobierno provincial aplicó la Ley 852 e impidió el ingreso del Star Princess y el Adonia al Puerto de Ushuaia. Inmediatamente aparecieron cuestionamientos de sectores turísticos y empresariales por el impacto económico que podía generar esa decisión. Un año después volvimos a Ushuaia. VGM, trabajadores portuarios, estudiantes, docentes, estatales, periodistas, músicos y militantes protagonizamos la Vigilia que quedó en la memoria como el “Malvinazo”. Hubo una jornada de memoria y conciencia del pueblo fueguino, al calor de fogones, música, relatos y cultura frente al puerto. Quienes estuvimos aquella madrugada, recordamos la interrupción de la energía y el momento en que la música dejó de sonar. Las crónicas documentaron un enorme operativo de seguridad mientras finalmente ingresó el Star Princess. También quedó registrado el episodio de “God Save the Queen” desde los altoparlantes del crucero. Una total provocación a la memoria de nuestros héroes que escoltan nuestros mares. Pero lo central no fue aquel gesto. Fue comprobar algo que sigue siendo actual y es que sostener una decisión soberana puede tener costos y puede chocar con intereses económicos concretos. Ahí se mide la verdadera autonomía de un Estado. 14 años después, el VS PROMISE vuelve a colocarnos frente a esa discusión. Esta vez no hablamos de turismo. Hablamos de la cadena logística de los hidrocarburos fueguinos. La Provincia no es ajena a esa cadena. Tiene competencias sobre los recursos hidrocarburíferos, fiscaliza producción y regalías y posee mecanismos de certificación de origen. Por eso debe explicar qué conocimiento tuvo de la operación, qué documentación intervino, qué volumen de crudo se cargó y qué controles se realizaron en Río Cullen. El gobierno Nacional tampoco puede correrse de la escena. Desde enero administra el Puerto de Ushuaia mediante una intervención federal y tiene competencias centrales sobre navegación, Prefectura, Aduana y comercio exterior y es a quien le corresponde dar explicaciones sobre la autorización del amarre y aprovisionamiento de un buque registrado bajo una dependencia de la Corona británica en el puerto de la capital fueguina. La discusión jurídica sobre la Ley 852 existe. El gobierno de Javier Milei sostiene que no se aplica porque la operación corresponde a la Cuenca Austral y no específicamente a la Cuenca Malvinas. Esa interpretación debe discutirse con seriedad. Pero la ley también habla de logística, y la pregunta política es inevitable ¿puede analizarse cada eslabón de la cadena energética como si estuviera desconectado del territorio, de los recursos y de la disputa que atraviesa al Atlántico Sur? El VS PROMISE no aparece en el vacío. En julio, la propia Cancillería argentina protestó formalmente ante el Reino Unido porque el patrullero militar HMS Medway, desplegado en Malvinas, realizó movimientos que involucraron tránsito por el Mar Territorial argentino sin la notificación que nuestro país consideró exigible. El Reino Unido sostuvo una posición distinta sobre esa notificación. La controversia volvió a mostrar la sensibilidad del espacio marítimo fueguino. En Tolhuin sigue abierta la discusión por el radar de LeoLabs. La Justicia provincial declaró nula la inscripción local de la empresa y recogió informes que advirtieron riesgos para intereses estratégicos nacionales y participación de capital británico. El tema continúa judicial e institucionalmente abierto. No es un detalle tecnológico, es la identificación de quién puede observar, procesar y enviar información desde un punto sensible del territorio nacional. También está la Base Naval Integrada de Ushuaia. La visita de Javier Milei junto a la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, abrió una discusión legítima sobre el interés estadounidense en un punto estratégico para el Atlántico Sur y la Antártida. El propio Gobierno nacional informó al Congreso que no existe un acuerdo para instalar una base conjunta con Estados Unidos ni una cesión de terrenos o edificios, pero tampoco podemos ejercer una soberanía sin memoria. Durante la guerra de 1982, Estados Unidos abandonó cualquier pretendida neutralidad y brindó apoyo político, militar, logístico y de inteligencia al Reino Unido. Incluso existieron denuncias argentinas —registradas en documentos estadounidenses desclasificados— acerca de la provisión de información satelital que habría permitido localizar al ARA General Belgrano antes de su hundimiento. Por eso, cualquier cooperación extranjera en Ushuaia debe discutirse públicamente, con absoluta transparencia, control argentino y plena conciencia de nuestros antecedentes. La historia no obliga a clausurar vínculos, pero sí impide abordarlos con ingenuidad. Y hace pocos días, el Decreto 764/2026 autorizó la enajenación de un predio estatal de más de 38 hectáreas en Ushuaia. En una provincia estratégica, vender patrimonio público de esa magnitud no puede analizarse solamente como una operación inmobiliaria ni escindida de la coyuntura mundial, cuando estamos en el centro de la disputa. El contexto productivo tampoco es menor. Desde enero rige arancel cero para la importación de celulares, una decisión nacional que aumenta la presión sobre el complejo industrial fueguino. Y durante este año el Gobierno Nacional impulsó una flexibilización de la Ley de Tierras Rurales para ampliar el acceso de inversores privados extranjeros, aunque luego retiró ese capítulo de la iniciativa legislativa. Cada hecho tiene su expediente y su explicación particular. Pero la política también exige mirar el conjunto. Insistimos en que el problema no es abrirnos al mundo, recibir inversiones, producir hidrocarburos o comerciar. Tierra del Fuego necesita más desarrollo, más producción y más empleo. El problema aparece cuando el desarrollo empieza a significar menos capacidad propia, menos industria, menos control sobre la tierra y los puertos, más dependencia tecnológica o logística y menor margen para decidir sobre recursos estratégicos. Leídas en un hilo conductor, muchas decisiones del Gobierno Nacional muestran un rumbo que nos preocupa. Desde nuestra mirada, configuran una entrega de capacidades estratégicas y el resultado puede ser una Argentina con menos industria, menos patrimonio público, menos herramientas estatales y mayor dependencia y entrega. En el Atlántico Sur, esa pérdida de capacidad termina siendo funcional a quienes ya poseen más capital, tecnología, logística y poder de negociación, entre ellos la potencia que ocupa ilegalmente parte de nuestra provincia. Tierra del Fuego no puede convertirse en una zona de sacrificio geopolítico ni en una variable de ajuste territorial. No puede pensarse como un lugar lejano donde se puede debilitar industria, vender patrimonio estratégico o relativizar controles porque el impacto parece distante de Buenos Aires. Está en juego exactamente lo contrario y es que este territorio esté habitado, desarrollado y defendido. Recordar al Gaucho Rivero y a Toni López no puede servir solamente para reconstruir una gesta. La memoria también sirve para reconocer patrones y no empezar de cero cada vez. La soberanía en el siglo XXI exige industria, ciencia, tecnología, energía, puertos, defensa, diplomacia, control de nuestros recursos naturales y una verdadera estrategia nacional para el Atlántico Sur y la Antártida. No se trata de cerrarnos al mundo, sino de vincularnos con él desde nuestros propios intereses. Cooperar sin subordinarnos. Integrarnos sin resignar autonomía. Negociar sin entregar lo que nos pertenece. Porque ningún país construye su futuro renunciando a decidir sobre su territorio, sus recursos y su destino. La Argentina tiene que dejar, de una vez por todas, de ceder soberanía. **Las Malvinas son argentinas y fueguinas. Los recursos naturales, y los mares, también.** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.