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title: "Nación se retira de seis obras de infraestructura sanitaria y traslada los costos a la Provincia."
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description: "El Gobierno nacional rescindió los convenios de financiamiento de seis obras de agua potable y saneamiento en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Tierra del Fuego deberá afrontar los pagos pendientes a las empresas contratistas y garantizar los recursos para continuar los trabajos. Además, aceptó renunciar a eventuales reclamos económicos contra el Estado nacional."
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date_published: "2026-11-20T10:53:00-03:00"
date_modified: "2026-11-20T11:02:52-03:00"
author_name: "Karukinka Noticias"
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category_name: "POLÍTICA"
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# Nación se retira de seis obras de infraestructura sanitaria y traslada los costos a la Provincia.

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El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó los acuerdos suscriptos con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación que establecen el retiro del financiamiento federal de seis proyectos de infraestructura sanitaria. La decisión implica que la administración provincial deberá asumir las obligaciones económicas pendientes y reorganizar sus recursos para garantizar, en caso de continuar las intervenciones, su finalización.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Provincial 2007/26, fechado el 13 de noviembre y firmado por el Poder Ejecutivo. Los convenios fueron suscriptos por el ministro provincial de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, y el secretario de Obras Públicas de Nación, Bernardo Heredia, y posteriormente remitidos a la Legislatura para su correspondiente intervención constitucional.

La rescisión se fundamenta en la política de reducción del gasto público impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Según los argumentos expuestos por Nación, el equilibrio fiscal constituye una premisa irrenunciable, por lo que resulta necesario revisar los programas de financiamiento de infraestructura y adecuarlos a criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las cuentas públicas.

El proceso se enmarca en el acuerdo celebrado entre Nación y la Provincia en julio de 2024, mediante el cual se establecieron las condiciones para redistribuir las responsabilidades sobre distintas obras públicas. Durante 2026, la administración fueguina solicitó formalizar el traspaso de los proyectos. Los convenios originales habían sido suscriptos a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo disuelto en noviembre de 2024.

## Seis obras alcanzadas por la medida

Los proyectos involucrados presentan distintos niveles de ejecución y tienen como objetivo mejorar los servicios de agua potable y tratamiento de líquidos cloacales en las tres ciudades fueguinas.

En Tolhuin, la medida comprende la planta de tratamiento de efluentes cloacales del macizo 154 y la ampliación de la planta Tahá, esta última con un avance físico del 24,73%.

En Ushuaia, los trabajos alcanzados son la construcción del azud del arroyo Buena Esperanza, la ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas del Río Pipo y la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande. Esta última registra un avance de ejecución del 92,52%, aunque todavía mantiene obligaciones económicas pendientes para completar su finalización.

Por su parte, en Río Grande, el traspaso comprende la construcción de la nueva planta de pretratamiento del emisario submarino, una intervención destinada a mejorar el tratamiento de los líquidos residuales antes de su disposición final.

## Una de las obras cuenta con financiamiento alternativo

Uno de los casos particulares es el de la ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas del Río Pipo, que registra un avance físico del 6,98%.

Si bien quedó incluida en la rescisión del convenio nacional, cuenta con una fuente alternativa de financiamiento: tiene comprometido un aporte de 19.857,5 millones de pesos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). De esta manera, es la única de las seis intervenciones que ya dispone de un financiamiento alternativo identificado.

## La Provincia asumirá las deudas y renunciará a posibles reclamos

Entre las principales obligaciones establecidas en los acuerdos, Tierra del Fuego deberá pagar los montos pendientes a las empresas contratistas hasta la finalización y recepción definitiva de las obras. También tendrá que realizar las gestiones administrativas, técnicas y presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad de los proyectos, aunque conservará la facultad de rescindir los contratos de ejecución.

Nación, por su parte, mantendrá las atribuciones de auditoría sobre los fondos que ya fueron transferidos y exigirá las correspondientes rendiciones de cuentas. En caso de que alguna obra no sea completada, los anticipos financieros que no hayan sido aplicados deberán regularizarse, mientras que los eventuales remanentes tendrán que reintegrarse con una actualización calculada según la tasa activa del Banco Nación.

Uno de los puntos más relevantes de los convenios es que la Provincia renuncia a presentar reclamos administrativos o judiciales contra el Estado nacional por cuestiones vinculadas con la ejecución de las obras. Esto incluye posibles demandas por mayores costos, redeterminaciones de precios, trabajos no certificados y otros conceptos económicos derivados de los contratos.

Además, Tierra del Fuego se compromete a mantener indemne a Nación frente a eventuales demandas, sanciones, daños y costas judiciales relacionadas con los convenios rescindidos.

De esta manera, la decisión no implica solamente el retiro del financiamiento federal para los trabajos pendientes, sino también la transferencia de responsabilidades económicas y administrativas a la jurisdicción provincial, junto con restricciones para futuros reclamos por los compromisos asumidos.

El impacto de la medida alcanza a obras vinculadas directamente con el acceso al agua potable, el tratamiento de efluentes cloacales y la infraestructura sanitaria de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Mientras el Gobierno nacional sostiene que la rescisión responde a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, la Provincia deberá reorganizar sus recursos para afrontar compromisos que originalmente contaban con financiamiento federal.

El nuevo escenario plantea el desafío de garantizar la continuidad y finalización de seis proyectos de infraestructura fundamentales para los servicios públicos y las condiciones ambientales de Tierra del Fuego.

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