“Las amenazas en escuelas son delitos penales”.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que cada denuncia activa de inmediato una investigación judicial. El fiscal ante el Superior Tribunal y jefe de fiscales, Eduardo Urquiza, remarcó que estos casos implican la presunción de delitos y deben ser tratados con seriedad.

En ese sentido, explicó que las amenazas pueden derivar en penas de 1 a 3 años de prisión, mientras que la intimidación pública contempla condenas de 2 a 6 años. Además, advirtió que muchas de estas situaciones tienen como protagonistas a jóvenes, por lo que llamó a tomar conciencia sobre las consecuencias.

Las causas surgieron principalmente a partir de denuncias de autoridades educativas. En Río Grande se tramitan inicialmente en el sistema judicial local, mientras que en Ushuaia intervienen juzgados de instrucción, lo que refleja la extensión del problema en toda la provincia.

Urquiza también señaló las dificultades para identificar a los responsables y determinar si hay participación de adultos. En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia trabaja junto a otros organismos para abordar la problemática de forma integral y preventiva.

Por ahora no hay personas identificadas, pero las investigaciones continúan. Desde la Justicia reiteraron que cada amenaza será tratada como un delito y puede tener consecuencias penales, incluso si se intenta justificar como una broma.