Río Grande fundamentó su intervención judicial contra las petroleras que operan en Malvinas.

La condición de Río Grande como municipio ribereño, el riesgo de un eventual daño ambiental y la falta de autorizaciones de organismos argentinos son los principales argumentos utilizados por la Municipalidad para intervenir en la causa judicial contra las petroleras Navitas y Rockhopper.
 
POLÍTICA02 de octubre de 2026Karukinka NoticiasKarukinka Noticias


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El asesor Legal municipal, Sebastián Tessei, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina los fundamentos de la presentación realizada por el Municipio, que se incorporó a la causa iniciada por el CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas contra las actividades vinculadas con la futura explotación petrolera al norte de las Islas Malvinas.

Según detalló, se trata de una “acción preventiva de daño colectivo” mediante la cual se solicitó a la Justicia Federal de Río Grande el cese de los trabajos relacionados con la explotación de hidrocarburos.

Tessei señaló que uno de los principales argumentos de la presentación está relacionado con la falta de autorización de organismos argentinos. En ese sentido, sostuvo que las actividades “se están realizando en territorio nacional y no cuentan con ningún tipo de autorización administrativa por parte de los órganos que intervienen en estas cuestiones”.

A partir de ese planteo, el Municipio consideró que cuenta con motivos propios para intervenir en el proceso. “Como hay una cuestión vinculada a un posible daño ambiental, el municipio, en su carácter de municipio ribereño, hace una presentación en el Juzgado Federal solicitando la intervención como parte interesada”, explicó el funcionario.

La Justicia Federal aceptó la participación del Municipio, que además adhirió tanto a la demanda como a la medida cautelar presentada originalmente. Tessei precisó que el objetivo es que “el municipio se presenta con fines preventivos en resguardo del medio ambiente en la ciudad de Río Grande”.

El planteo ambiental también se encuentra vinculado con la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas. En ese marco, el asesor Legal sostuvo que las acciones impulsadas desde los distintos niveles del Estado contribuyen a resguardar los derechos argentinos sobre el territorio.

“Todo lo que se puede hacer en el ámbito municipal, provincial o nacional es positivo, siempre y cuando tienda a resguardar los derechos soberanos que nos corresponden a nosotros sobre las islas”, afirmó.

Finalmente, Tessei remarcó la importancia de que cualquier actividad vinculada con la explotación de hidrocarburos quede sujeta a controles ambientales por parte de autoridades argentinas. En ese sentido, sostuvo que todo lo relacionado con la actividad debe “tener controles y sobre todo que los controles sean por parte de autoridades argentinas”.

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