Juntos por el Cambio denunció ante la Justicia las presuntas irregularidades en el gasoducto Néstor Kirchner.
Los diputados Waldo Wolff y Graciela Ocaña realizaron la presentación para que se investiguen las declaraciones Matías Kulfas que derivaron en su salida del gabinete en medio de otra crisis interna en el Gobierno
NACIONALES06 de junio de 2022Karukinka NoticiasLos diputados nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y Graciela Ocaña denunciaron ante la Justicia las presuntas irregularidades en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y solicitaron que se investiguen las declaraciones del ahora ex ministro de Producción Matías Kulfas, que derivaron en su salida del gabinete en medio de otra crisis interna en el Gobierno.
En la presentación judicial, los diputados opositores recopilaron tanto el mensaje vía redes sociales de la vicepresidenta Cristina Kirchner como el mencionado OFF de funcionarios del Ministerio de Producción a través de WhatsApp y las declaraciones radiales del propio Kulfas en relación a la dilación en la construcción de gasoducto.
En declaraciones periodísticas a la radio AM 750, con posterioridad al acto de conmemoración de los 100 años de YPF y al ser consultado por los dichos de la Vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el vinculo del Gobierno con Techint, el ahora ex ministro señaló: “La empresa que licita es IEASA, que es una empresa que esta conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la Vicepresidenta, ahí están establecidas las condiciones. Nosotros hicimos el anuncio de que Argentina vuelve a producir chapa naval, esas chapas perfectamente se pueden usar para hacer gasoductos. Tiene que ver con la manera en que se establece la licitación¨.
Estos dichos de Kulfas se dieron luego de que Cristina Kirchner le haya dicho a Alberto Fernández que “use la lapicera” con aquellos “que tienen que darle cosas al país”.
“Todas estas manifestaciones que, vista de manera inocente, solo sacarían a la luz una interna política entre funcionarios del gobierno Nacional, exponen una cuestión mucho más grave y que evidenciaría la existencia de un delito de defraudación contra la Administración Pública en el marco de la licitación por la construcción del gasoducto”, explicaron los diputados opositores en la presentación judicial.
La misma línea argumental utilizó la Fundación Apolo, que también realizó una denuncia contra los integrantes del directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA). “Presentamos una denuncia para que la Justicia investigue la licitación en la cual, según Matías Kulfas, hubo un procedimiento fraudulento. El directorio de IEASA habría direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner”, publicó la organización a través de sus redes sociales.
La presentación judicial fue firmada por Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda -otro de los apoderados- y José Luis Patiño, director de Fundación Apolo. A partir de información que circuló en medios de comunicación, las irregularidades en la obra habría implicado “la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación”, se señaló en el documento.
Según la información en off que fue brindada por el entorno de Kulfas, “los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa”. Se trata de la ex Enarsa, una de las empresas estratégicas en materia energética y que la lidera Agustín Gerez, un camporista que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se resaltó en la denuncia.
“Por lo embrionario de la investigación no se sabe si los imputados han mancomunado esfuerzos para llevar adelante este único hecho o si, por el contrario, esto se trata de un grupo de personas que se unieron con la intención de cometer delitos indeterminados y de forma permanente”, se agregó en la denuncia.
Además de la presentación judicial, el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación también exigirán explicaciones al Poder Ejecutivo. En un comunicado oficial, señalaron que requerirán precisiones vinculadas a la licitación que dio originó al mensaje “en off” y “difundido por la Vicepresidenta de la Nación respecto a presuntas cuestiones vinculadas a hechos de corrupción”.