El debate previsional en Argentina: entre derechos, moratorias y la tensión política.
El sistema jubilatorio argentino vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, atravesado por la tensión entre los mandatos constitucionales, las restricciones fiscales y la realidad socioeconómica del país. En este escenario, el abogado y docente universitario Fermín Randon ofreció un análisis exhaustivo que combina miradas jurídicas, éticas y políticas sobre los principales desafíos del modelo actual.
OPINION12 de septiembre de 2025

Uno de los ejes que destacó fue la naturaleza constitucional del derecho a jubilarse. Según Randon, la jubilación no es una concesión discrecional del Estado, sino un derecho reconocido, que debe ser garantizado sin trabas ni distinciones arbitrarias.
En esa línea, defendió la importancia de las moratorias previsionales como mecanismo para compensar las deficiencias estructurales del mercado laboral argentino, caracterizado históricamente por elevados niveles de informalidad. Estas herramientas, explicó, permiten que quienes trabajaron sin aportes registrados puedan acceder a una jubilación de manera legal y transparente, desmintiendo la idea de que se trata de un “regalo”.
Respecto a las propuestas que buscan diferenciar entre jubilados según la vía de acceso, Randon fue enfático: establecer categorías entre beneficiarios es inconstitucional. “Si dos personas ya están jubiladas, no puede una recibir aumentos y otra no, solo por cómo ingresó al sistema”, subrayó.
Otro aspecto central de su exposición fue la advertencia frente a reformas que, bajo el argumento de reducir el gasto público, avancen en un sentido regresivo. Tales medidas, afirmó, no solo contravienen la Constitución, sino también tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores.
En el plano económico, sostuvo que el problema no radica en el “costo” de las jubilaciones, sino en la forma en que el Estado organiza su recaudación. De allí la necesidad de ampliar la base de aportantes en lugar de restringir derechos. Asimismo, recordó que muchas veces la falta de aportes provino del incumplimiento empresarial, situación que paradójicamente termina pagando el trabajador a través de las moratorias.
En lo político, alertó sobre discursos que desacreditan lo público para luego justificar privatizaciones o recortes, una estrategia que ya se aplicó en otras épocas y contextos. Según Randon, esa lógica de “desprestigiar, desfinanciar y eliminar” responde a proyectos ideológicos que ponen el ajuste por encima de los sectores más vulnerables.
Finalmente, llamó a revalorizar tanto la Constitución como el sistema solidario de reparto, donde los trabajadores activos sostienen a los pasivos en un pacto intergeneracional. “Si mirás a tu papá o a tu mamá y solo ves un gasto, y no a alguien que se esforzó toda la vida, ahí está el problema”, reflexionó.
En un momento donde el sistema previsional aparece como variable de ajuste, voces como la de Randon cobran relevancia para recordar los principios jurídicos y éticos que deberían guiar cualquier discusión seria sobre el futuro de las jubilaciones en Argentina.
Fuente: laislafmtdf.