Juicio por YPF: Argentina inicia la apelación en Estados Unidos.

Argentina enfrenta este miércoles en Nueva York la audiencia de apelación en el juicio iniciado por fondos de inversión a raíz de la estatización de YPF en 2012, en el que reclaman al país el pago de USD 16.100 millones.

NACIONALES29 de octubre de 2025Karukinka NoticiasKarukinka Noticias

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El proceso, que comenzó hace diez años, tendrá hoy un paso clave en la defensa del Estado. La audiencia se desarrollará ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, a partir del mediodía, y es considerada “la más importante” desde el inicio del litigio.

“El caso por la expropiación de YPF hoy enfrenta su cita más importante desde sus inicios hace 10 años”, señaló Sebastián Maril en su cuenta de X. Además, precisó que el objetivo argentino es que la justicia estadounidense reconsidere “una década de fallos adversos” y evalúe “si este caso debería haberse llevado a cabo en Buenos Aires, si la jueza Preska aplicó correctamente las leyes de la República Argentina y si la fórmula, según los estatutos de YPF, justifica un fallo por USD 16.100 millones”.

Por su parte, los beneficiarios del fallo intentarán reincorporar a YPF como parte del caso, mientras que la petrolera buscará defenderse de ese intento. Maril añadió que la audiencia comenzará “cerca de las 12” y que “seguramente se extienda hasta las 13”.

El juicio se originó tras la reestatización de YPF dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y avanzó durante la gestión de Mauricio Macri, cuando los fondos de cobertura compraron los derechos de litigio. En 2023, bajo la administración de Alberto Fernández, se dictó el primer fallo que ordenó el pago de la suma reclamada, y ahora el gobierno de Javier Milei busca revertir esa decisión.

Hace una semana, uno de los demandantes, Burford Capital, sugirió a la Argentina negociar para evitar el desembolso de la millonaria suma. La empresa británica advirtió que todo proceso judicial “conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”.

Finalmente, Maril informó que el país solicitará a “más de 30 funcionarios y exfuncionarios que cooperen con la justicia y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles”, además de pedir extender el plazo para esa entrega hasta el 21 de noviembre.

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