Lula da Silva cruzó el operativo en Río de Janeiro y pidió coordinación para combatir el crímen organizado.

El presidente de Brasil se refirió al operativo y detalló que dio instrucciones al Ministro de Justicia y al Director General de la Policía Federal para que fueran a Río de Janeiro.

INTERNACIONALES30 de octubre de 2025Karukinka NoticiasKarukinka Noticias

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación por la muerte de 130 personas en la Operación en Río de Janeiro, y marcó una clara diferencia con el gobernador del Estado carioca, Claudio Castro, quien celebró el operativo como un “éxito”. En sus declaraciones, Lula pidió una estrategia nacional coordinada que enfrente al narcotráfico sin poner en riesgo a la población civil.

Tras el operativo policial, el presidente de Brasil difundió un mensaje en redes sociales, en el que anunció el envío de funcionarios a Río de Janeiro para reunirse con el gobernador Cláudio Castro y planteó la necesidad de un plan coordinado. “Esta mañana me reuní con ministros de mi gobierno y les di instrucciones al Ministro de Justicia y al Director General de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador”, expresó Lula. En su declaración, el presidente subrayó que “no podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades”.

El mandatario también hizo referencia a la necesidad de una estrategia coordinada: “Necesitamos un trabajo que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”. En ese sentido, recordó la megaoperación realizada en agosto, que alcanzó el núcleo financiero de una organización criminal vinculada al narcotráfico, la adulteración de combustibles y el lavado de dinero. Además, Lula destacó la presentación de la Enmienda de Seguridad en el Congreso Nacional, con la que busca “garantizar que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales”.

La denominada Operación Contención fue ejecutada el martes por las policías civil y militar de Río de Janeiro. El despliegue incluyó 180 órdenes de registro e incautación y 100 órdenes de arresto, que tenía el objetivo de frenar el avance del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas del país. Según el gobierno estatal, se incautaron 93 fusiles durante el operativo. Sin embargo, el saldo humano fue de al menos 132 personas murieron, en lo que ya se considera uno de los episodios más letales desde la intervención federal de 2018.

Diferencia entre el gobierno federal y el estado de Río

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, fue el primero en manifestar la preocupación del Ejecutivo nacional. “El presidente quedó horrorizado con el número de víctimas fatales”, declaró en rueda de prensa antes de viajar a Río por orden de Lula. Por su parte, el gobernador Cláudio Castro, alineado con el bolsonarismo, negó haber recibido apoyo federal para el operativo. “Nos negaron tres veces nuestras peticiones. Todos los días hay un motivo para no cooperar. Río está solo”, afirmó. Castro también señaló que no contaron con vehículos blindados ni agentes de las fuerzas federales de seguridad y defensa, y fue citado por la Justicia para el próximo lunes 3 de noviembre.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública respondieron que sí se atendieron las solicitudes del gobierno carioca para el despliegue de la Fuerza Nacional. Además, informaron que la Policía Federal realizó 178 operativos en Río durante el año, 24 de ellos enfocados en el combate al tráfico de drogas y armas. También se detalló que el Estado recibió fondos federales para el sistema penitenciario y donaciones de equipamiento.

El caso “Doca da Penha” y la falta de alerta internacional

En paralelo, Brasil busca intensamente a Edgar Alves Andrade, alias “Doca da Penha”, jefe del Comando Vermelho, pero aún no emitió una alerta roja a través de Interpol. El capo narco tiene más de 20 órdenes de arresto y está vinculado a más de 100 homicidios. El gobierno ofrece una recompensa de 100 mil reales (unos 18.730 dólares) por información que permita su captura.

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