Espionaje al ARA San Juan: familiares piden que la Corte revise su cierre del caso.

Los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan reclamaron a la Corte Suprema de Justicia que revise el fallo del martes con el que los supremos dejaron firme el sobreseimiento de los acusados de haberlos espiado de forma ilegal durante el macrismo. Entre los denunciados estaba el ex presidente Mauricio Macri, quien llegó a ser procesado por estos hechos en primera instancia. El máximo tribunal del país había rechazado abrir un recurso de queja de los querellantes por una formalidad apenas dos días después de la victoria electoral de La Libertad Avanza –que contó con el apoyo del PRO-. La abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria, presentó este jueves un recurso in extremis ante el Tribunal Supremo para que revea esa decisión y finalmente resuelva analizar la cuestión de fondo que incluye diversas tareas de inteligencia ilegal.

El pasado 28 de octubre, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resolvió desestimar una presentación de los familiares con una resolución de tres párrafos desarrollados en media página. Dejó firme el sobreseimiento de Macri y los jefes de la AFI macrista –entre otros- por una formalidad: “Que la recurrente no cumplió con los requisitos previstos en el art. 7°, incisos a, b y c, del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se desestima la presentación directa”, sentenciaron. Este jueves, Carreras requirió a la Corte que revea esa decisión y aborde el fondo del asunto que es extremadamente delicado e involucra a un expresidente.

“Luego del primer estupor por este nuevo golpe a los familiares de los tripulantes del ARA SAN JUAN, hemos presentado este jueves un recurso de reposición in extremis para que la Corte revise el rechazo en sí mismo, y luego evalúe el fondo de la cuestión”, explicó Carreras a El Destape. Explicó que “el reclamo es contra la vulneración de derechos constitucionales que afectan a toda la sociedad porque todos podremos ser espiados bajo el rótulo de ‘peligrosos’”. La referencia es al criterio que utilizó la Cámara Federal porteña para quitarle el procesamiento a Macri cuando el caso por el espionaje a los familiares del ARA San Juan pasó de la Justicia federales de Dolores a la de Comodoro Py. Justificó el espionaje y dijo que no fue ilegal.

Respecto al fallo de la Corte, que se conoció apenas dos días después de la victoria de La Libertad Avanza en las legislativas, Carreras resaltó: “No podemos quedar atrapados en un manejo político de fallos post-elecciones. A esta altura ningún fallo podrá borrar los informes de los agentes de inteligencia, ni las fotografías, ni los seguimientos a las familias de la tripulación del ARA SAN JUAN. Como tampoco podrá borrar el tétrico reporte sobre los familiares en la misa de enero 2018, entre otras aberraciones similares al peor pasado de la República Argentina”. Todos los elementos que conforman esa enumeración de Carreras son la prueba del espionaje que constan en el expediente. Fue tan evidente que la Cámara Federal porteña para salvar a Macri no pude negar las tareas de inteligencia. Lo que hizo fue legitimarlas.

Como recuerda la abogada de la querella mayoritaria “el espionaje se extendió durante un año completo a madres esposas y hermanas”. ¿Cómo lo justificó la Justicia federal porteña? Consideró que las familias “podían ser un peligro para la seguridad del presidente Macri y /o la seguridad nacional”.

En su nuevo planteo ante la Corte, la abogada resaltó que “la resolución impugnada cierra definitivamente la vía recursiva, confirmando el sobreseimiento de los imputados y denegando justicia a las víctimas, lo que justifica la excepcionalidad de este remedio pretoriano para corregir errores manifiestos que configuran arbitrariedad y violan el derecho de defensa (art. 18 CN)”. La letrada basó su recurso in extremis en “la falta de motivación concreta en el rechazo por incumplimientos formales y una apreciación equivocada de las constancias del expediente —específicamente, la presentación del recurso de queja interpuesto con todos los datos y requisitos formales y de fondo—, lo que priva a esta querella mayoritaria del acceso efectivo a la justicia en una causa de trascendencia institucional como el espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan”. Entre otras cosas, la abogada cuestiona que no se especificaron siquiera “en qué consisten tales incumplimientos” mencionados por la Corte.

De acuerdo a Carreras el fallo configura “una denegación de justicia, especialmente en una causa sensible como esta, que involucra espionaje estatal a familiares en duelo por una tragedia nacional. Al no conocer los motivos precisos del rechazo, se impide una adecuada réplica, subsanación o incluso el planteo de nulidad, afectando el debido proceso y el equilibrio procesal”. Es que una mera formalidad dio por cerrada la causa.

A juzgar por cómo se dio el favor de la Corte a Macri, difícilmente prospere el recurso presentado por Carreras. Como publicó Ari Lijalad en este medio, el último martes, con una batería de fallo entre los que se cuenta este aval al espionaje ilegal, el máximo tribunal del país decidió acomodarse al triunfo electoral de LLA.

El espionaje a los familiares y la impunidad judicial

A finales de diciembre de 2021, el juez federal de Dolores Martín Bava dictó el procesamiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. “Se encuentra acreditado en autos que, por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el imputado Mauricio Macri, desde su rol de Presidente de la República Argentina, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal realizada desde la Delegación Provincial Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el colectivo de familiares de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados 'Rigel' y 'El Repunte' y, en particular, del submarino ARA San Juan”, señaló entones el juez.

En su fallo de 173 páginas, el magistrado había resaltado que “la ilegalidad de los documentos producidos por la Delegación de Mar del Plata fue de tal magnitud que llevó al jefe de la Delegación, Iuspa Benítez, a destruir toda la documentación que allí obraba desde el mes de diciembre del año 2015” a enero del 2020.

Los hechos que el juez le imputó a Macri fueron:

• Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.
• Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.
• Hecho 3: Una semana después se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.
• Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata. Y se elaboran informes de inteligencia con ese material.
• Hecho 5: en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata
• Hecho 6: diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.

El juez hizo especial hincapié en los hechos 2, 3 y en el 4.

Pero el caso tuvo un giro cuando las defensas lograron mudar el expediente de los tribunales federales de Dolores a los de Comodoro Py, donde el macrismo juega de local.

En julio de 2022, tres jueces que designó Macri en la Cámara Federal porteña revocaron lo resuelto por Bava. Los magistrados Mariano Llorens (que se reunió con Macri en la Quinta de Olivos), Leopoldo Bruglia (puesto a dedo por Macri en el tribunal revisor) y Pablo Bertuzzi (también puesto a dedo por Macri en la cámara) no dijeron que el espionaje no existió, sino que lo justificaron y legitimaron como parte de las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Para los jueces macristas los familiares de los tripulantes del ARA San Juan podían poner en riesgo la seguridad presidencial con una movilización, un pedido de reunión o la entrega de una carta.

¿Qué sostuvieron los jueces? Que las tareas de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan fueron avanzadas de la seguridad Presidencial y que no se cometió delito alguno: “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, afirmaron. El contorsionismo judicial llegó al punto de justificar las tareas de inteligencia ilegal sobre un grupo de familiares como si pudieran poner en riesgo la seguridad presidencial o la del país. El fallo de los jueces macristas benefició también a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a otros 8 exespías de la agencia involucrados en la causa.

El control de Macri de las instancias de revisión judiciales incluye la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia penal del país. Ese tribunal, también asentado en Comodoro Py, convalidó los sobreseimientos. En esa ocasión firma la pusieron los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, quien se juntaba con Macri en Olivos mientras los familiares del ARA San Juan eran espiados.

El martes, dos días después de la victoria electoral de Milei –que ya se juntó con Macri-, la Corte convalidó lo resuelto por los jueces macristas. De esa forma dio el caso por cerrado.

En una última instancia por buscar Justicia en la Argentina, la letrada Valeria Carreras presentó este jueves un recurso de excepción para que se revea la aberración que se está convalidando desde el máximo tribunal del país. De no recibir una respuesta positiva por parte de los supremos es de esperar que los familiares recurran a tribunales internacionales para encontrar Justicia.