Hallan USD 700 mil en su casa y renuncia funcionaria del Ministerio de Economía vinculada a coimas en la ANDIS.

La renuncia de Ornella Calvete al Ministerio de Economía volvió a encender el escándalo de corrupción que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y salpica de lleno al gobierno de Javier Milei. La funcionaria dejó su cargo luego de que saliera a la luz que, durante un allanamiento en su domicilio, la Justicia encontró 700 mil dólares en efectivo, además de otras divisas, documentación y dispositivos electrónicos.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, área bajo la órbita del ministro Luis Caputo. También representaba al Gobierno ante la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Su salida se formalizó el jueves pasado, cerca de un mes después del operativo judicial.

El caso tomó mayor relevancia debido a su vínculo con el circuito de coimas en la ANDIS, donde su padre, Miguel Ángel Calvete, aparece como uno de los principales involucrados. Según la investigación del fiscal Franco Picardi, Ornella actuaba como nexo entre funcionarios y empresarios del sector ortopédico, gestionando reuniones y articulando maniobras que formaban parte de un esquema de retornos.

Los chats incorporados al expediente revelan conversaciones comprometedoras entre la funcionaria y su padre —a quien tenía agendado como “Carmela Vivaldi”— en las que discuten cómo justificar el dinero encontrado. En una de ellas, Ornella le promete: “Si todo sale bien, te compro un tambo, una granja, lo que quieras”. Él responde: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”. Un intercambio que expone la naturalización de los negociados entre el Estado y proveedores privados.

La causa describe un entramado de compras direccionadas en la ANDIS, especialmente dentro del programa de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), destinado a tratamientos para enfermedades poco frecuentes. Las droguerías y empresas proveedoras pagaban coimas del 5 al 8% del valor de cada contrato, lo que permitía embolsar hasta 800 mil dólares mensuales en retornos. Según audios filtrados del ex titular del organismo, Fernando Spagnuolo —amigo personal de Milei— parte de ese dinero habría terminado en manos de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y otros integrantes del círculo presidencial.

Mientras este circuito de corrupción prosperaba, el ajuste sobre la población más vulnerable se profundizaba: más de 110 mil pensiones para personas con discapacidad fueron suspendidas y se realizaron auditorías irregulares para sostener el recorte.

El caso Calvete, lejos de ser un hecho aislado, aparece como la punta del iceberg de un sistema donde funcionarios, operadores políticos y grandes droguerías —como Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del Estado y con numerosos antecedentes judiciales— se beneficiaban del manejo discrecional de recursos públicos. La fiscalía apunta además a la participación del médico Pablo Atchabahian y otros funcionarios designados estratégicamente para facilitar las maniobras.

La investigación avanza mientras Miguel Ángel Calvete, citado para indagatoria, se negó a declarar este martes. La trama expuesta por Picardi exhibe un modus operandi que contradice frontalmente el discurso “anticasta” del oficialismo y desnuda, una vez más, el carácter estructural de la corrupción dentro del Estado.