Greenpeace rechazó la reforma que habilita la salmonicultura en Tierra del Fuego.

La norma original, sancionada en 2021, prohibía de manera expresa cualquier tipo de cultivo y producción de salmones tanto en aguas marinas como en lagos de la provincia. Sin embargo, con la reforma aprobada, la prohibición quedó restringida únicamente a las aguas del Canal Beagle, lo que abre la posibilidad de desarrollar proyectos de salmonicultura en otras zonas del territorio fueguino.

Desde Greenpeace señalaron que esta modificación representa una amenaza directa para ecosistemas frágiles y de alto valor ambiental. “Lo que alguna vez sentó un precedente histórico en materia ambiental para la Argentina, hoy abre un nuevo capítulo de regresión ambiental”, afirmó Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de la organización.

El referente explicó que existe abundante evidencia científica que demuestra que el cultivo de salmón en regiones donde los salmónidos no son especies nativas genera impactos ambientales severos e inevitables. En ese sentido, advirtió que la salmonicultura en Tierra del Fuego conlleva un riesgo significativo de contaminación tanto para los ecosistemas marinos como para los de agua dulce.

Diversos estudios documentaron los efectos negativos de esta actividad, entre los que se destacan la contaminación de las aguas, el desarrollo de floraciones algales nocivas —como la marea roja—, la introducción de especies exóticas, el desequilibrio y la pérdida de fauna nativa, la afectación de pastos marinos y bahías de gran amplitud de marea, así como el impacto sobre la pesca artesanal y el turismo de naturaleza. Muchos de estos daños, según especialistas, pueden tardar décadas en revertirse o resultar irreversibles.

El rechazo a la flexibilización de la normativa no se limitó a Greenpeace. El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que reúne a más de 30 organizaciones de la región, también cuestionó la decisión legislativa y la calificó como una regresión ambiental con consecuencias profundas.

En la misma línea, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalaron que la modificación de la Ley 1355 vulnera el principio de no regresión ambiental y representa además un incumplimiento del Acuerdo de Escazú, que establece estándares vinculantes en materia de acceso a la información, participación ciudadana y elaboración de políticas ambientales.

Por su parte, Francisco Viddi, de la Fundación Melimoyu de Chile, advirtió que las condiciones naturales de la costa atlántica fueguina —caracterizadas por grandes amplitudes de marea, fuerte oleaje y corrientes intensas— hacen técnicamente inviable o extremadamente costoso el desarrollo de granjas de salmones y truchas en el mar.

Finalmente, las organizaciones ambientales solicitaron a las autoridades provinciales que escuchen a la ciudadanía, a la comunidad científica y a los sectores vinculados a la identidad fueguina. En ese marco, pidieron que se abandonen los proyectos de salmonicultura que, según advirtieron, entran en conflicto con la economía local, la cultura y el perfil ambiental de Tierra del Fuego.