Tierra del Fuego reglamentó la ley y habilitó el desarrollo de la acuicultura.

La normativa establece cómo se implementará la actividad, con criterios que combinan producción y control ambiental. Entre otros puntos, define tres niveles de emprendimientos —artesanal, preindustrial e industrial—, cada uno con distintas exigencias según su escala, aunque todos deberán cumplir con evaluaciones ambientales.

También se dispuso la creación de una Ventanilla Única para canalizar proyectos y se incorporó una Evaluación Ambiental Estratégica que servirá para determinar en qué zonas se podrá producir, bajo qué condiciones y con qué especies.

El esquema contempla, además, restricciones en áreas consideradas sensibles, como el canal Beagle y espacios protegidos, donde no se permitirán desarrollos que comprometan el equilibrio del ecosistema.

Pese a su puesta en marcha, la iniciativa continúa generando debate. La ley, aprobada a fines del año pasado, fue cuestionada por distintos sectores y actualmente enfrenta un planteo judicial que pone en discusión su validez y advierte sobre posibles efectos en la seguridad jurídica y el clima de inversión en la provincia.