Martín Perez criticó al Gobierno nacional y alertó por la crisis industrial en Tierra del Fuego.

Perez sostuvo que la apertura de importaciones y la caída de la producción nacional golpearon de lleno a la industria fueguina, especialmente en Río Grande, ciudad que concentra gran parte del empleo fabril de la provincia. “Este modelo económico vino a destruir la industria”, afirmó el jefe comunal, al tiempo que describió un escenario de pérdida de empleo y empobrecimiento creciente.

Según explicó, en los últimos años el empleo privado sufrió una fuerte caída en la provincia. “A fines de 2023 había más de 11 mil trabajadores industriales y hoy quedan alrededor de 6.500”, señaló. Además, remarcó que el impacto no solo afecta a las fábricas, sino también a toda la actividad económica vinculada al sector electrónico, como la logística, la gastronomía y los servicios.

Durante la entrevista, el intendente también cuestionó las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien planteó la necesidad de reorientar la economía fueguina hacia el turismo. “Parece que algunos creen que Tierra del Fuego puede convertirse solamente en un parque de diversiones”, ironizó Perez, y agregó que quienes toman decisiones desde Buenos Aires desconocen la realidad social y climática de la provincia.

El jefe comunal defendió el subrégimen industrial fueguino y remarcó que su existencia responde también a una mirada estratégica vinculada a la soberanía nacional. En ese sentido, recordó la ubicación geopolítica de la provincia, cercana a la Antártida y a las Islas Malvinas, y sostuvo que no puede analizarse únicamente desde criterios de rentabilidad económica.

Perez además vinculó la situación económica actual con un proceso de pérdida de soberanía y cuestionó la postura del Gobierno nacional respecto de la causa Malvinas. “Mientras Gran Bretaña avanza sobre nuestros recursos naturales, la Argentina retrocede en presencia y soberanía”, expresó.

Por último, el intendente advirtió sobre las dificultades financieras que enfrentan los municipios tras el recorte de programas nacionales. Como ejemplo, mencionó que el Municipio de Río Grande debió hacerse cargo con fondos propios de los subsidios al transporte público para evitar que el boleto urbano alcance valores superiores a los 4 mil pesos.