Villa Mascardi: trasladaron a cuatro mujeres mapuches al penal de Ezeiza y se denuncia violación a los derechos humanos.

Lo ordenó la jueza federal Silvina Domínguez. Las otras mujeres detenidas permanecen alojadas en instalaciones de la PSA en Bariloche por ser lactantes. Una de ellas, que se encontraba transitando un embarazo de 40 semanas, fue asistida. La comunidad denuncia violaciones a los derechos humanos.

Tras el operativo de desalojo en Villa Mascardi, Río Negro, siete mujeres de la comunidad mapuche fueron detenidas junto a sus hijos y llevadas a una dependencia de la la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Bariloche. Este miércoles por la noche, la jueza federal Silvina Domínguez ordenó el traslado de cuatro de ellas al penal de Ezeiza. Las otras detenidas permanecen alojadas en instalaciones de la PSA por ser lactantes. En tanto que una de ellas, que se encontraba transitando un embarazo de 40 semanas, fue internada en las últimas horas.
Organizaciones sociales denuncian violación a los derechos humanos. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había dicho que el operativo de desalojo se preparó una semana antes para "poder resolver el tema de la usurpación sin armas letales", en tanto que resaltó que las detenciones fueron definidas por la Justicia.

Según el documento del juzgado federal de Bariloche, el traslado estuvo a cargo de una comisión conformada por personal de la Policía Federal y alegó que “no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres” en Río Negro. Se trata de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera. Por una apelación de la defensa, Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil continuarán en la provincia rionegrina. Dos de ellas son lactantes. Las mujeres se encuentran con sus tres niños de entre 4 a un mes y un recién nacido.

En tanto, Romina Rosas, la mujer que se encuentra transitando un embarazo de 40 semanas, se encontraba asistida hasta la noche del miércoles en Río Negro. Según supo, la joven está a punto de dar a luz.
La detención de las mujeres mapuches fue tras el operativo policial, con un despliegue de cuatro fuerzas de seguridad, que se realizó en Villa Mascardi, donde se encuentra instalada la Comunidad Lafken Winkul Mapu.

PRESENTACIÓN DE HABEAS CORPUS: PEDIDO POR LA URGENTE LIBERACIÓN DE LAS MUJERES MAPUCHES.

En este marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) junto con los abogados defensores de las mujeres mapuches, Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, presentaron un habeas corpus para exigir a la jueza la liberación de las detenidas y su traslado. Denunciaron que fueron trasladadas de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada de su territorio en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva.

Según el documento, las cuatro mujeres mapuches no tienen conocimiento de las razones de la detención, del trato recibido todo el tiempo que estuvieron detenidas en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en Bariloche. Tampoco conocen las razones de su traslado a la Cárcel de Ezeiza.
Además, denuncian que los abogados defensores tampoco tuvieron acceso a la causa entera. "Tan sólo se nos comunicó alrededor de las 18 horas, aproximadamente, que la decisión del traslado de las cuatro mujeres mapuches ya había sido ordenada por la jueza. Además, la jueza rechazó los pedidos de excarcelación realizados por los abogados defensores", detallaron. Insistieron también en qué las mujeres mapuches detenidas no fueron indagadas.

"Lo que nos moviliza sobre todo a esta presentación es la decisión del traslado a la zona del AMBA, a la Cárcel de Ezeiza de las cuatro mujeres. Las razones brindadas por la jueza son inadmisibles, no están previstas en el código de procedimiento penal, y constituyen una mortificación, una pena adicional a la detención, entre otras cuestiones", apuntaron.

Por último, denunciaron que las detenidas se encuentran incomunicadas desde el mismo momento de sus detenciones. En este marco, solicitaron que "se convoque a una audiencia además de las mujeres mapuches trasladadas, a la Sra. Defensora Oficial de Turno, en tanto la existencia de familia de todas las mujeres trasladadas, y algunas hijes que tienen que estar representadas en la audiencia, además de las competencias de la Defensoría General de la Nación para intervenir. También, la presencia del Comité de Prevención de la Tortura, al que se le deberá solicitar también toda la información que pueda relacionarse con el caso.

Recordaron que la CIDH insta que las personas indígenas privadas de libertad tienen necesidades específicas en razón de su origen étnico, cultura, tradiciones, religión e idioma, y requieren de un trato diferenciado sensible a sus culturas. Además, la Comisión recomendó a los Estados a extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia y que se tome en consideración el derecho de estos colectivos a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.