Crisis política en Ecuador, el reflejo sobre América Latina.

¿Qué pasa en Ecuador?

El pasado 18 de mayo, Guillermo Lasso decretó la “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional que disuelve el Congreso y activa la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas. Hasta la asunción del nuevo gobierno, que debe ser en un plazo no superior a seis meses, el presidente está habilitado a gobernar por decreto.

Lasso llegó a este recurso luego de una batalla con el Congreso que comenzó casi en paralelo a su asunción. El último capítulo fue el juicio político donde la oposición –compuesta por el correísmo pero también por sectores de derecha con los que el banquero rompió tempranamente– estaba cerca de destituirlo. Acorralado, con una popularidad por los suelos y un fin de mandato cada vez más difuminado en el horizonte, el presidente apretó el botón rojo por primera vez desde su creación.

El escenario ahora es incierto, y se divide en dos incógnitas. La primera es el gobierno por decretos, y su recepción en las calles, porque Lasso ya aprobó una reforma tributaria, amenaza con una laboral (aunque ahora sus ministros la descartan) y promete avanzar en el terreno productivo. Estos decretos deben ser aprobados por la Corte Constitucional, el órgano que decidió también sobre la validez del decreto de “muerte cruzada”, y pueden generar una respuesta social. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), protagonista del estallido del año pasado, ya se manifestó en alerta.

La segunda es quién va a ganar las elecciones. La carrera está abierta y cada vez más poblada: el correísmo, envalentonado luego de ganar Quito y la codiciada Guayaquil en las seccionales de principios de año, está definiendo su binomio; el campo de la derecha, por su parte, ya tiene al menos tres, incluyendo a la versión local del bukelismo, encarnada en Jan Topic, un empresario de seguridad que se presenta como ex soldado. También dice presente Yaku Peréz, el candidato indigenista que casi pasa a segunda vuelta en 2021 y que formó un movimiento propio, luego de distanciarse de la CONAIE, hoy liderada por Leonidas Iza, otro que coquetea con una candidatura. Dentro de la incógnita electoral, que se resolverá eventualmente el 20 de agosto, está la pregunta sobre un posible acercamiento de Iza al correísmo. 

¿Qué es la “muerte cruzada”?

La decisión se sustenta en el artículo 148 de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.

La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) había advertido que si el presidente decidía aplicar esta herramienta, marcharían hasta lograr que Lasso revierta su decisión, algo que difícilmente suceda.

Mientras tanto, estas son tres claves del escenario ecuatoriano que se pueden ver, con menor o mayor intensidad, en toda la región.
Militares y jueces, cada vez más protagonistas

Cuando Lasso aplicó la “muerte cruzada” una parte de la oposición se resistió. Le cuestionaban al presidente que no era un caso de “grave crisis política y conmoción interna” –una de las condiciones constitucionales para aplicarlo– y que Lasso solo buscaba salvarse de ser destituido. La última palabra la tendría la Corte, pero rápidamente militares y policías rodearon el Congreso, señalando que aceptaban y respaldaban el decreto. “(La decisión) debe ser respetada”, aclaró Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Este pronunciamiento es similar, por sus formas y contexto, al que tuvo lugar en Perú hace unos años, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso y éste desconoció la decisión, lo destituyó y nombró a una nueva presidenta. El apoyo de las Fuerzas Armadas a Vizcarra terminó siendo clave para resolver la crisis institucional, y esa misma noche el presidente se mostró en una foto con la cúpula. Esa foto se repitió unas semanas después, en Chile, cuando Piñera se mostró con militares para el discurso más recordado del estallido social (“Estamos en guerra”), mientras las calles pedían su renuncia. Evocaciones similares se dieron en el estallido colombiano, y en el boliviano directamente aparecieron para empujar a Evo Morales a renunciar: un golpe de Estado.

Ya es una costumbre que se esta extendiendo en toda la región el protagonismo de los uniformados en la vida pública de los países latinoamericanos sólo ha crecido, en este caso como árbitros ante crisis institucionales.<

“El protagonismo de los militares se está dando en muchos niveles”, explica Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín (UNSAM). “El político es el más visible, pero también los ves en la seguridad pública o en la provisión de ayuda humanitaria. En estos casos como el de Ecuador, los militares aparecen ante coyunturas donde hay un poder ejecutivo débil y es este quien lo convoca para reforzar su autoridad, o donde hay un conflicto con otro poder del Estado, como el legislativo. Son convocados para dirimir, para actuar de árbitros”.

Hay otros casos más extremos, como Venezuela o Brasil (a esto le dedicamos un capítulo del podcast La Revancha), pero la tendencia aparece desde México para abajo, y hay que seguirla.

Hay otro actor que gana poder en la coyuntura regional, en este caso desde el Estado: la Justicia. Las denuncias sobre la “extralimitación” de los jueces y su involucramiento en política se escucha también a lo largo y ancho de la región, y trasciende las fronteras ideológicas. Así, el mexicano AMLO se queja de que la Corte Suprema le tumba su reforma electoral y el ecuatoriano Correa despotrica contra el lawfare en sus giras latinoamericanas (cada vez más largas). El salvadoreño Bukele podría entenderlos: él purgó a la Corte ni bien tuvo la chance. Pero el ultraderechista Bolsonaro tampoco está tan lejos cuando advierte sobre el creciente poder de Alexandre de Moraes, el juez del Supremo y del Tribunal Electoral que lo tiene en la mira y que está liderando una avanzada contra su entorno. La última presa es Deltan Dallagnol, el fiscal de Lava Jato que luego de encarcelar a Lula se convirtió en diputado, hasta que el Tribunal le anuló el mandato la semana pasada. Algunas cosas cambian, otras no.

“La politización de la justicia es un problema que no necesariamente se reduce a las izquierdas”, escribe Augusto Taglioni en una columna picante, que titula “lawfare selectivo”. Allí cuelga otra verdad que ha quedado soslayada en la trama ecuatoriana: el juicio contra Lasso, acusado de malversación de fondos, también mostraba problemas de consistencia.

El divorcio entre política y sociedad

Paulina Recalde, directora de la consultora Perfiles de Opinión, con base en Quito, explica: “Hay un marco de pesimismo exacerbado. El 94% siente que el país va en el rumbo equivocado, y todas las instituciones políticas de todos los poderes tienen una alta crisis de confianza. La asamblea registra solo el 2% de confianza, la justicia el 3% y el presidente tiene una credibilidad del 10%. Hay una profunda crisis de confianza, de representación, y se ve un desgaste muy fuerte de la clase política”.

El diagnóstico podría caber para cualquiera de las democracias actuales en América Latina, donde los electorados se expresan, antes que nada, contra el poder de turno.

“En Ecuador vemos la desaparición de la representación: Congresos poblados por políticos que ya no tienen como afán la búsqueda del interés general; son Congresos fragmentados, donde se ha impuesto el cortoplacismo y no hay vínculos con la sociedad. Esto ocurre en varios sitios, con Chile como otro ejemplo. Es transversal: hay una crisis de representación a niveles bien profundos, que se ve tanto en la incapacidad de representar programas como la de representar a grandes sectores sociales”, apunta sobre Alberto Vergara, profesor en la Universidad del Pacífico, basada en Lima, Perú, que acaba de publicar Repúblicas defraudadas (Planeta, 2023), un libro en el que analiza el caótico presente latinoamericano. El origen de Vergara no es un dato menor, porque el politólogo está preocupado por algunas tendencias peruanas que se empiezan a difundir por la región.

Vergara me advierte del “vaciamiento demócratico”, un proceso en el que “la posibilidad de hacer valer y convertir a las preferencias electorales de la gente en políticas públicas desaparecen al punto que esas preferencias ya no son representables y el interés general desaparece: solo hay figuras políticas pasajeras, débiles, que buscan un interés inmediato y particular. La bisagra entre Estado y sociedad desaparece: los políticos son meros gestores”.

Perú y su Congreso son el caso más extremo. Pero en otros países de la región, donde hoy hay una “alternancia malhumorada”, el riesgo debe ser monitoreado.

En cualquier caso, las sociedades están enojadas y lejos de la política. Y tienen nuevos problemas.

La crisis de seguridad

Si hubo un tema que atravesó a la fallida gestión de Lasso fue la inseguridad y la violencia, que crecieron en el país a una proporción monstruosa. Entre 2021 y 2022 los homicidios aumentaron más de un 80%. Y en el primer trimestre del 2023 ese récord volvió a romperse.

Paulina Recalde, “en estos dos años, la mención de inseguridad como principal problema pasó de 16% a 62%. Es el gran hito, y es lo que atraviesa y organiza la vida cotidiana y su vínculo con la representación política. Los temas de seguridad ya dominaron las elecciones seccionales y van a seguir en el centro”.

En Ecuador, el país pasó de ser un país de tránsito en la ruta del narcotráfico a un centro de distribución. “Nos aprendimos el nombre de las bandas”, me dice Paulina. “Antes hablar de inseguridad era hablar de robos y delitos. Ahora hablamos de narcotraficantes, de bandas y jefes: eso no estaba en el lenguaje antes”.

Este cóctel donde se mezclan la crisis de representación con la de seguridad producen encuestas como ésta: en Ecuador, Nayib Bukele tiene mejor imagen positiva que cualquiera de los políticos locales.

Pero el problema no es sólo ecuatoriano, aunque no haya otro país sudamericano que le gane en la crudeza de las cifras de homicidios. Según detallan organizaciones como Insight Crime y Crisis group, el fenómeno del crimen organizado está creciendo en la región, afectando a países que antes no contaban con ese problema. En Chile, por ejemplo, la tasa de homicidios aumentó más del 60% en diez años. Las alteraciones en la ruta del narco, que se vinculan con cambios como el aumento del consumo de cocaína en Europa, explican esa regionalización.

Estas dos últimas tendencias –la crisis de representación y la de seguridad– explican, a su vez el estrellato de Nayib Bukele y dialogan con otras, como el estancamiento económico.

El 20 de agosto, por lo pronto, Ecuador se enfrentará a la máxima, cada vez más difundida, de que las elecciones no cambian nada. Tal vez puedan desmentirla.