Guillermo Montenegro rechazó la propuesta de liberar la pesca en el Mar Argentino a buques extranjeros: “Es algo que nunca se hizo en el mundo”.

Mientras el presidente Javier Milei presiona para que la Ley Ómnibus sea tratada rápidamente y sea aprobada por el Congreso sin cambios, hay varios de los 664 artículos cuestionados por diferentes sectores, no solo políticos, sino también sociales y económicos.

La llamada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es, junto con el DNU, las consideradas “piedras fundamentales” del inicio del Gobierno de la Libertad Avanza, y la idea es que se aprueben ambos sin cambios.

Una de las iniciativas impulsadas en el texto de más de 300 páginas elaborado por el Poder Ejecutivo unió en las últimas horas a dirigentes de distintos signos políticos: los gobernadores de las provincias patagónicas emitieron un documento en rechazo a los cambios que habilitan la pesca de buques con bandera extranjera en el Mar Argentino.

A ese grupo de mandatarios provinciales se sumó Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón.

“Quiero que le vaya bien”, aclaró de entrada Montenegro respecto del Gobierno nacional, aunque advirtió sobre las consecuencias de la iniciativa.

“No genera ni laburo ni divisas, no te deja nada”, analizó el dirigente del PRO, quien fue reelecto como intendente en los comicios de octubre.

El artículo 245 de la norma entregada en mano la semana pasada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, modifica de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente.

“Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, indica el artículo incluido en la Ley Ómnibus.

Montenegro contó que, como no es un experto en pesca, se asesoró con especialistas y todos coincidieron en algo: se trata de una iniciativa inédita en el mundo, que nunca se aplicó.

“Cuando termino de entender el asunto, nos damos cuenta de que nunca pasó. Hubo algo parecido en Chile hace unos años, pero solo con una especia nueva cuya captura no le interesaba a nadie. Esto termina de golpear a la actividad pesquera que comenzó su declive en 2001″, advirtió el intendente.

Montenegro contó que no fue consultado antes de la iniciativa, aunque aclaró que no se trata de una discusión política con el Gobierno nacional. “Quiero que le vaya bien”, insistió.

Si bien hasta ahora no se habían producido encuentros con autoridades nacionales por el tema, hoy Montenegro se reunirá junto al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, con el ministro del Interior, Guillermo Francos. La cita comenzará a las 1. Antes, a las 11, el intendente se juntará con el mandatario en la casa provincia de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires alertó también sobre las consecuencias que ya se sienten por la iniciativa nacional, particularmente en la industria naval. “Hoy nadie te va a fabricar un barco, se frenó eso. Y en la pesca, si se aprueba, los efectos serán inmediatos”, dijo.

Por último, el intendente descartó reunirse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “No, no hablamos. Imaginate que ayer estuvo acá y ni me convocó”, dijo en referencia al viaje que el mandatario bonaerense hizo a la ciudad de Mar del Plata, donde se reunió con sindicalistas y empresarios del sector pesquero que se verán afectados si se aprueba la iniciativa.

La advertencia de los gobernadores patagónicos

Cinco gobernadores del sur argentino se expresaron esta semana en contra de las modificaciones que plantea la “Ley Ómnibus” en materia pesquera. l gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, coincidieron en tres ejes principales que “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

Según detallaron, el artículo 25° del Régimen Federal de Pesca de la Ley 24.922 “obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino”.

“Hoy por hoy hay miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística, pero con la derogación de dicho artículo nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos”, explicaron los mandatarios provinciales en el comunicado.

El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos.

“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios.

Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.

“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores.

Los gobernadores señalaron además que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.