La UCR y el PRO le respondieron a Milei por la Ley Ómnibus: “Es peligroso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones”.

La presión del presidente Javier Milei sobre la oposición para que se apruebe el paquete de leyes que envió el Gobierno al Congreso, generó el malestar de algunos de los principales referentes del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), dos espacios importantes en el objetivo de conseguir la sanción de las iniciativas, quienes consideraron que “es peligroso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones” en los proyectos.

Puntualmente, quienes opinaron al respecto fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el jefe de bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, quienes, a través de mensajes que publicaron en sus respectivas cuentas de X, criticaron las declaraciones del mandatario nacional.

Todo comenzó por la mañana, cuando Milei volvió a hablar sobre el debate parlamentario que se está llevando adelante en los últimos días y sostuvo que “los daños que sufra la población dependen del Congreso, de que no hagan fulbito para la tribuna, como han hecho en los últimos 40 años”.

En varias oportunidades, el Presidente reclamó la rápida aprobación de este conjunto de reformas y, en una entrevista radial que brindó este domingo, advirtió que “cuantas mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura”.

El primero en contestar fue De Loredo, quien instó al mandatario nacional a “que proceda a denunciar e investigar” a aquellos legisladores que crea que tienen intereses ocultos por los cuales no apoyan todo el paquete.

“Las declaraciones del Presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al Gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad, como nuestros jubilados”, señaló.

Al respecto, el diputado aseguró que “ni el fracaso de las licitaciones BOPREAL, ni el aumento de la brecha cambiaria, ni la escalada inflacionaria pueden encontrar vinculación con el exprés tratamiento que de forma cooperativa” se le está dando a la denominada ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“Durante cuatro años el presidente fue determinante en que la inflación es un proceso monetario y no multicausal, como siempre argumentó el kirchnerismo, resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria”, agregó.

En este sentido, el dirigente radical ratificó que está en contra de algunos de los puntos de la ley ómnibus, como el de quitarle la obligación a la oficina anticorrupción de ser querellante en las causas de corrupción y la posibilidad para los funcionarios de la última gestión de blanquear fondos.

Pocos minutos más tarde, Torres adhirió públicamente a los dichos del cordobés y remarcó, además, que “los 10 gobernadores del PRO y de la Unión Cívica Radical” están “dando muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las erráticas políticas que nos sumergieron en la pobreza”.

“Es peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la Ley Ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU. Muchos consideramos que la actitud centralista de buscar los objetivos fiscales solo afectando a las economías regionales y actividades productivas centrales del interior, aumentando la recaudación a través de aranceles no coparticipables, son inadmisibles”, explicó.

Sobre los cuestionamientos de Milei, argumentó que no se puede “afirmar que todo es lo mismo y tampoco creer que alguien tiene la verdad absoluta” e insistió con que “la discusión y el debate son con ánimo de colaborar”.

Quiénes queremos que al gobierno nacional le vaya bien y queremos que el país salga adelante con la mayor celeridad posible, entendemos también que es necesario una mirada integral y federal sobre impacto de algunas medidas y le pedimos al Gobierno que cuando afirmen, como se ha dicho públicamente, algún delito por parte de cualquier diputado, funcionario actual o de gestiones anteriores, gobernador o intendente, se haga la denuncia correspondiente”, coincidió con De Loredo.