Ley ómnibus y demanda del FMI: el Gobierno presiona al Congreso y parece desatender riesgos propios.

Las conversaciones con el FMI ocupan parte central de la agenda de Javier Milei y su austera comitiva en Davos. Las señales para el Gobierno son claras, pero no lineales. El dato mayor es el acuerdo para despejar los pagos en el primer cuatrimestre del año, con aval decisivo de Washington. Y en paralelo, corre el discurso expuesto por el organismo internacional a la espera de la formalización del trato: el elogio a las medidas económicas iniciales y el señalamiento de la necesidad de sostén político para el núcleo del megaproyecto de reformas. La lectura del oficialismo parece desestimar la parte que le toca y los riesgos en caso de no lograr respaldo a su movida en el Congreso.

Resultó notable el modo en que la delegación oficial difundió el mensaje transmitido por el FMI, luego del primer encuentro en el marco el Foro Económico Mundial. Nicolás Posse y Luis Caputo se reunieron con Gita Gopinath. El jefe de Gabinete y el ministro se mostraron satisfechos y se dejó trascender, a modo de resumen, que la funcionaria número dos del Fondo expresó “entusiasmo” con las medidas motorizadas por el Gobierno y “destacó la importancia de que la política acompañe las medidas”.

La mención a “la” política es un modo del oficialismo para referirse al sistema político, aun considerándose afuera. Dicho de otra manera: se trataría en su visión de un reclamo a los distintos espacios no oficialistas. Y eso estaría en línea con las presiones de mayor dureza sobre la oposición dispuesta a negociar y la búsqueda de polarización con el peronismo/kirchnerismo. Sin matices, las cargas sostienen como línea argumental que un fracaso legislativo sería obra de intereses oscuros y negocios corruptos.

El Gobierno, más allá de esa estrategia básica en el Congreso, tensionado por negociaciones complicadas y apuro oficialista, deja la impresión de analizar parcialmente las varias señales que surgen de las tratativas y acuerdos con el FMI. Se admite, de todos modos, que la clave ha vuelto ser el papel de Estados Unidos, ante algunos recelos de otros socios del Fondo. No es un elemento menor, por la mirada regional del gobierno de Joe Biden y por la expectativa que abre la experiencia de Milei en el frente externo.

El FMI mostró una línea -que no es novedosa- desde los primeros contactos para reflotar el acuerdo que había caído de hecho en función de la pasada campaña de UxP, algo que alimenta en buena parte los recelos referidos. El mensaje repuesto ahora alude otra vez a los objetivos económicos, las cuestiones técnicas y también políticas.

La semana pasada, lo había expuesto Julie Kozcak. La portavoz del FMI destacó el entendimiento -unos 4.700 millones de dólares para atender buena parte de los compromisos hasta fines de abril- y dejó en claro la expectativa en que el gobierno argentino logre “apoyo político” suficiente para asegurar los puntos fundamentales de su proyecto de ley ómnibus. En la misma dirección, fueron las expresiones de Gita Gopinath en la cita con Luis Caputo y Nicolás Posse, según fue difundido en Davos.

Todo ocurre en la antesala del encuentro de Milei con Kristalina Georgieva. La directora del Fondo dejó de antemano declaraciones que sustentan la decisión de avanzar con el acuerdo. Consideró que existen pasos positivos para enfrentar el déficit y mejorar las reservas -los dos renglones centrales- y dijo que se trata de reformas “audaces” que no deberían descuidar a los sectores “vulnerables” de la sociedad.

Visto el conjunto de gestos, tratativas y señales más finas, asoma en el frente externo una especial atención por la suerte política del nuevo gobierno, el giro en materia de posicionamiento internacional y la política doméstica, es decir, la capacidad de consolidarse en un marco que combina la grave crisis económica y social, el impactante triunfo en balotaje y la escasa representación parlamentaria.

Las advertencias de funcionarios y el propio discurso presidencial destinados al Congreso -ahora, con foco en Diputados- pueden ser entendidos entonces y precisamente como elementos de presión, más allá de su calidad. Pero suponer que se trata de advertencias sobre posibles decisiones de máxima indicaría no asumir el riesgo propio ante un desenlace sin ley ómnibus y con el DNU ya complicado en la Justicia.

El oficialismo juega a acelerar el trámite del megaproyecto en Diputados, como modo de advertir que rechaza tratativas sin límite temporal. Los bloques dispuestos a negociar -PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal y otros espacios- vienen manteniendo intensas reuniones con funcionarios, en la presidencia de la Cámara, y antes que discutir fechas para sesionar mantienen rechazo o planteos de limitaciones en un puñado de puntos: delegación legislativa, jubilaciones, retenciones, endeudamiento, en primera línea.

Guillermo Francos, que viene trabajando en conversaciones con gobernadores -algunas públicas y otras reservadas-, puso el acento en apurar el trámite, bajo el argumento según el cual las demoras agudizan la crisis. Por supuesto, conoce la complejidad y amplitud -con artículos insólitos- del texto, pero se mueve en el difícil tablero de un oficialismo sin mayorías legislativas y sin peso territorial.

Menos cuidadoso que el ministro del Interior fue su colega de Economía. Caputo había dicho que si fracasara la ley ómnibus, habría que tomar medidas más duras e incluso, extremas. No fue la única expresión de esa naturaleza desde las filas del oficialismo. Es un mensaje que aparece disociado, por ejemplo, de lo que supondría en términos prácticos y como señal externa.

En primer lugar, supondría un conflicto político de repercusión incierta. Y esa incertidumbre también impactaría en el terreno económico. Hacia afuera, además, proyectaría la imagen de un Ejecutivo en crisis con los otros dos poderes. Nada hace suponer que pueda afirmarse un camino de puro decretos. El DNU inicial ya tiene planteos en la Justicia.

El foco está puesto en el Congreso, pero lo trasciende. Y eso también lo expone el mensaje más ajustado del FMI.