El revés contra el aborto en EEUU será la puerta a una regresión aún mayor de derechos.

El histórico fallo Roe vs. Wade, a un paso de ser anulado por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, había legalizado el aborto como parte del derecho a la privacidad. Por eso, una nueva jurisprudencia podría poner en jaque los otros derechos ganados con ese argumento, como el matrimonio igulitario y conquistas de la comunidad LGBTIQ+.

INTERNACIONALES 17 de mayo de 2022 Karukinka Noticias Karukinka Noticias

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En las últimas décadas, cada vez que un futuro juez de la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que defender su nominación en el Senado respondió a una pregunta obligada sobre la legalización del aborto. Cada uno de ellos declaró bajo juramento que reconocía el fallo Roe vs Wade de 1973 y su argumento de que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo mientras el feto no es viable fuera del útero es parte del derecho constitucional a la privacidad. Sin embargo, como dejó claro el borrador de un juez que se filtró hace unos días, una mayoría del máximo tribunal está a punto de anular Roe vs Wade y, lo que es aún más importante, de considerar que el derecho a la privacidad no incluye ese derecho reproductivo. Por eso, ya crece el temor en Estados Unidos de que esta misma corte conservadora saque del paraguas del derecho a la privacidad a otras conquistas históricas, como el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

"La interpretación de Roe vs Wade había establecido que había una prelación al derecho de la vida privada por sobre las injerencias indebidas del Estado a tomar decisiones de vida de los ciudadanos", explicó Cristina Rosero Arteaga, asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones que litiga frente a la Corte Suprema este tipo de casos. En otras palabras, el histórico fallo de los años '70 no reconoció el derecho de las personas gestantes a interrumpir voluntariamente los embarazos, sino que consideró que esa decisión era parte de la vida privada individual que reconoce y defienden las enmiendas constitucionales. "El derecho a la privacidad, sea el que se encuentra en la enmienda 14 bajo el concepto de libertad personal y restricciones a la acción estatal, como nosotros interpretamos, o...en la reserva sobre los derechos de las personas establecida en la novena enmienda, es lo suficientemente amplio para incluir a la decisión de una mujer de terminar su embarazo", sostuvo el fallo. 

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Por eso, la inminente decisión de la mayoría conservadora de la Corte no solo anulará la legalización federal del aborto, sino que abrirá la puerta para que cualquier ciudadano, organización o gobierno municipal o estadual cuestione otras conquistas sociales que se consiguieron en Estados Unidos a través de la Justicia -y no el Congreso- y al amparo del derecho a la privacidad: "Estamos hablando, por ejemplo del derecho a la privacidad, los anticonceptivos, la legalización del matrimonio igualitario y varios reconocimientos y derechos obtenidos por la comunidad de LGBTIQ+", destacó Rosero Arteaga. 

 Por eso, referentes del movimiento feminista y de los derechos civiles temen que este sea el inicio de una época muy oscura. "Nuestros peores miedos se volvieron realidad", sentenció hace unos días Laura Meyers, la presidenta y CEO de Planned Parenthood de la ciudad de Washington, la mayor organización a nivel federal en materia de clínicas y acceso a la salud reproductiva en el país, en diálogo con Voice of America. 

La sola filtración del borrador de la opinión del juez conservador Samuel Alito hace unos días encendió alarmas en todo el país. Hubo repetidas manifestaciones en las principales ciudades del país, las últimas este sábado, para conscientizar lo que significará quedarse sin un marco legal federal para el acceso al aborto y todos los otros derechos que ahora penden de un hilo. "Hemos visto una extraordinaria fuerza feminista alrededor del mundo involucrada en los reclamos por aborto legal. Dentro de Estados Unidos debemos mirar a ese tipo de activismo y aplicarlo en el país", aseguró Bergen Cooper, directora de Investigación de Políticas en Fos Feminista, una alianza de organizaciones que se enfoca en la ayuda internacional para salud reproductiva y sexual, derechos y justicia. 

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Las dos batallas que se vienen.

El golpe que ya nadie duda dará la Corte Suprema se sentirá de inmediato. Ya hay 13 estados que tienen lo que se conoce como leyes gatillo -que se activan cuando un fallo de la corte federal habilite lo que proponen- para prohibir ya el aborto: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. Además, organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos estimaron que al menos otra docena de estados podrían restringir en el corto plazo severamente la interrupción voluntaria del embarazo.

"Esto volvería inaccesible el aborto para miles de mujeres migrantes y pobres que deberán viajar por cuatro o cinco horas hasta un estado en donde se permita este procedimiento. Para muchas trabajadoras, madres o mujeres con pocos recursos estos viajes serán muy difíciles de hacer ya que no siempre es fácil tener con quién dejar a los hijos u obtener una licencia en el trabajo o conseguir el dinero para los costos", destacó Rosero Arteaga. Esto a su vez, agregó, podría generar "una carga inmanejable en algunas zonas" donde sea legal el aborto y estén rodeadas de estados donde fue prohibido. 

Por eso, en lo inmediato, las batallas serán estado por estado, en los tribunales, pero también ante las Legislaturas para evitar la aprobación de prohibiciones o nuevas restricciones, ya que hace años que más de la mitad del país ha aprobado diferentes leyes para limitar el acceso al aborto, pero hasta ahora, siempre limitado por Roe vs Wade. 

Pero como la decisión de la Corte es muy probable que coincida con este año electoral, los movimientos feministas y de derechos civiles podrán encarar una segunda batalla también en el corto plazo en las urnas. En próximo noviembre, los estadounidenses deberán renovar toda la Cámara de Representantes (baja) y un tercio del Senado (alta) del Congreso federal, además de 36 de los 50 gobernadores y las legislaturas locales. El presidente Joe Biden, que venía muy golpeado por la creciente inflación -iniciada por sus masivos planes de inyección de inversión pública y luego detonada por la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia- y la parálisis en el Congreso pese a contar con mínimas mayorías, apostó a utilizar este tema para volver a movilizar a sus votantes progresistas, decepcionados por su gestión. Sin embargo, la bronca aún es fuerte en esta parte de la sociedad. 

Tanto el movimiento feminista como el de derechos civiles le recrimina al Partido Demócrata de Biden no haber convertido a Roe vs Wade en una ley antes, especialmente cuando Barack Obama fue electo presidente con mayorías suficientes en las dos cámaras del Congreso para aprobar su reforma al sistema de salud, Obamacare. Pese a ser un declarado defensor de este derecho, Obama nunca lo impulsó porque sabía -como lo sabe Biden- que el tema aún divide a su fuerza política. Prueba de ello fue que la semana pasada el Senado intentó impulsar una ley en este sentido pero no logró superar la primera votación porque un demócrata se alineó con la bancada opositora republicana. 

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Por eso, la incógnita es si estos sectores se movilizarán durante la campaña de este año detrás del llamado partidario de Biden o si jugarán fuerte en cada primaria de cada congresista y senador para conseguir que los candidatos demócratas que lleguen a las elecciones legislativas y de gobernadores de noviembre tengan una explícita agenda pro aborto y pro derechos reproductivos. Del lado opositor, los republicanos ya dejaron en claro que se movilizarán sin fisuras para hacer campaña con lo que consideran es una inminente victoria. Tal es el nivel de empoderamiento para el sector conservador que en los úlitmos días el jefe de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, coqueteó con la idea de impulsar un proyecto de ley para prohibir el aborto a nivel federal, es decir, en todo el país. 

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